La declaración de la 68º Asamblea Anual que concluyó ayer en San Pablo (Brasil) constituye una suerte de redacción esquizofrénica, ya que mientras por un lado reclama cumplimiento de normas legales, por el otro sostiene que se busca “silenciar al periodismo independiente en Argentina mediante leyes regulatorias”, en explícita referencia a la Ley de Medios de nuestro país.

 

Habrá que recordarle a la SIP que organismos internacionales de mayor representación a la suya, como lo son las Naciones Unidas, han ponderado la legislación argentina. 

 

¿Acaso desconoce la SIP que el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank Larue, destacó que la Ley de Medios de Argentina "es la más avanzada del continente" y " un modelo para otras regiones del mundo"?

¿Acaso la SIP propone que se desconozca una norma que recibió un inédito proceso social de debate, un mayoritario consenso y una abrumadora mayoría parlamentaria?

 

Se trata de una ley que ha sido elogiada por numerosos académicos en materia comunicacional por su carácter profundamente democrático, pluralista y participativo, y es muy parecida a la legislación en la materia de los Estados Unidos.

 

Increíblemente, este reclamo de legalidad por parte de la organización que nuclea a las cadenas mediáticas del continente surge en defensa, justamente, del grupo económico que desconoce la ley en Argentina.

La SIP anuncia que vendrá a Argentina en diciembre porque considera que exigir el cumplimiento de las leyes es una “amenaza” y que “la prensa independiente puede tener un capítulo oscuro” porque “el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín” a los que califica como “los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial”.

 

Se trata de afirmaciones incomprensibles si se tiene en cuenta que este grupo apuesta a la permanente tergiversación y ocultamiento de informaciones sensibles para los argentinos. Dos botones de muestra: cuando la Presidenta le reprochó públicamente a la banca privada que estaba atrasada en un 85% en los fondos que debe destinar a financiar a la pequeña y mediana empresa del país, el Grupo Clarín eligió informar que la Jefa del Estado había usado la cadena nacional en horario central, omitiendo absolutamente el contenido del mensaje. Y como la tergiversación no puede estar divorciada del humor, llegó a presentar como “un aterrizaje de emergencia por falta de combustible” lo que no fue más que el cumplimiento de un protocolo establecido por parte de un avión de Aerolíneas Argentinas.

 

Por otra parte, sostener que los medios del Grupo Clarín son los pocos que informan con independencia, constituye un agravio para los cientos de medios que en nuestro país informamos a la sociedad con mirada propia, y no pertenecemos a ese monopolio.

 

Ante el anuncio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de realizar una visita a la Argentina en diciembre próximo, los editores nucleados en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) le exigiremos a Javier Matillas -nuevo presidente de esa entidad- que se reúna con nosotros.

Nos gustaría que el señor Matilla se entere que después de muchos años por fin se terminó el cupo que Clarín y La Nación a través del dominio de la empresa Papel Prensa le imponían al resto de los diarios.

Nos gustaría que el señor Matilla se entere que de ese mecanismo se valieron los grupos monopólicos tanto para crecer asegurándose el papel más barato, como para frenar el desarrollo de sus competidores negándoles el acceso al insumo básico.

 

Señor Matilla, lo esperamos en Argentina. Los editores de diarios y periódicos regionales argentinos tenemos para contarle muchas violaciones a la libertad de prensa, el derecho a la información y de los derechos humanos básicos, llevadas a cabo por los monopolios de prensa de nuestro país.

 

 

DyPRA

Diarios y Periodicos Regionales Argentinos.