Documento del Bicentenario
POR UNA ARGENTINA
PROSPERA YSOLIDARIA
COOPERAR
Confederación Cooperativa de la República Argentina
“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada” (Alianza Cooperativa Internacional).
“Más de 760 millones de personas en todo el mundo han optado por los beneficios que ofrecen las cooperativas. Han comprobado que la cooperativa, como forma de organización, puede mejorar sus vidas. Los valores, principios, la ética y la competencia comercial son las ventajas que estas organizaciones solidarias ofrecen tanto a sus miembros, como a las comunidades en que operan. Las cooperativas dan importancia primordial a las personas; los mismos dueños son sus miembros; las rigen principios democráticos; y son empresas competitivas, por lo menos, tan eficientes en sus operaciones comerciales y en el uso de su capital como las demás empresas del mercado. Con todo, no es el afán de lucro lo que las motiva, sino las necesidades de las personas. Estas características, que las distinguen de las empresas tradicionales son las que les permitirán competir y prosperar en el tercer milenio” (Mensaje de la ACI para el Tercer Milenio).
“La promoción de las cooperativas debe considerarse como uno de los pilares del desarrollo económico y social, nacional e internacional” (Organización Internacional del Trabajo).
Prólogo
La República Argentina se apresta celebrar el segundo centenario de su nacimiento, alumbrado con la Revolución del 25 de Mayo de 1810 y formalmente completado seis años después, con la Declaración de la Independencia aprobada por el Congreso de Tucumán el 9 de Julio de 1816.
Con vistas a esta conmemoración de tanta trascendencia y simbolismo, Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina y sus federaciones asociadas, han dispuesto reunir en el presente Documento las reflexiones y propuestas emanadas de sus bases y cuerpos directivos, en función de contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de la economía solidaria en la nueva etapa histórica.
Se trata de aportar al diseño de políticas públicas orientadas a fomentar las diversas ramas del cooperativismo, avanzar en la consolidación del sector, generar cadenas de valor y nuevos emprendimientos a partir de la rica experiencia de más de un siglo de acción cooperativa en la Argentina.
Asimismo, estas reflexiones y propuestas de carácter estratégico apuntan a lograr una mayor visibilidad de todas nuestras realizaciones, asegurando un peso creciente de la cooperación en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo el campo de la cultura y la política, además del específicamente económico y social.
Con ese propósito, hemos tomado como punto de partida un conjunto de diagnósticos y recomendaciones emanadas del Congreso Argentino de la Cooperación 2004, cuyo contendido condensa las opiniones consensuadas por todo el movimiento en torno de grandes ejes temáticos.
En base a ese material liminar, nos planteamos la tarea de someter al análisis de cada federación su situación actual, su visión del escenario nacional y, sobre todo, la formulación de los objetivos estratégicos para la próxima centuria. Al respecto y como un anticipo de los contenidos del presente Documento, nos proponemos cuantificar algunas metas que, a la vez de constituir desafíos a lograr, marcarán el camino que deberemos recorrer para transformar esos objetivos en realidades concretas. Entre ellas, el incremento del peso específico cooperativo en el PIB durante las décadas venideras.
Este material será un instrumento muy valioso para llevar la impronta de la economía solidaria al Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, como así también hacia los medios periodísticos. De igual modo, las consideraciones y recomendaciones contenidas en este material serán un aporte al fortalecimiento de la integración vertical y horizontal de las cooperativas argentinas, así como un estímulo para multiplicar el ejemplo de la ayuda mutua y el esfuerzo propio en los procesos productivos de todo tipo.
Por lo expuesto y completando esta presentación, consideramos indispensable recurrir a los fundamentos doctrinarios de la cooperación, como guía para la reflexión y la formulación final de los contenidos de este Documento, concebido bajo el lema “Por una Argentina próspera y solidaria”.
Así, en una primera aproximación podemos afirmar que los Principios Cooperativos contienen las claves esenciales para diseñar una sociedad más racional, equitativa y sustentable. En efecto, la Adhesión Abierta y Voluntaria llevada al plano de la organización social en su conjunto, permitiría construir una ciudadanía más consciente de sus derechos y obligaciones, respetuosa de la diversidad. De igual modo, el Control Democrático que aplicamos al interior de nuestras entidades sería el reaseguro para preservar el buen rumbo de los estados nacionales, en la medida que se promueva y estimule la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Otro tanto ocurriría si se instrumentara el tercero de los principios en el diseño de políticas macroeconómicas. Nos referimos a la Participación Económica de los Asociados, lo cual llevado al plano de un país implicaría el aporte sus habitantes al capital de la nación, según su capacidad contributiva y en función de un proyecto común. También implica recibir una porción del excedente que cada persona generó con su trabajo. Esto es poner en práctica los criterios de equidad distributiva.
Obviamente, la Autonomía e Independencia, el cuarto principio, es de vital importancia para que cada pueblo tenga su territorio, su Estado y la libertad para cultivar sus tradiciones en paz y armonía con todos los pueblos del mundo. En cuanto a la Educación, ya dijimos en un editorial anterior de La Gaceta que constituye uno de los pilares de la democracia. No tenemos dudas de que la humanidad viviría mucho mejor si no hubiera analfabetismo, si todos los habitantes del planeta pudieran enriquecer sus conocimientos a través de un proceso educativo formal e informal, acceder a los tesoros de la cultura universal, aprender idiomas para comunicarse con otras personas, que son iguales a nosotros aunque hablen con un lenguaje diferente.
Siguiendo con este razonamiento, pensemos qué maravilloso sería llevar a la práctica del derecho internacional el sexto principio: Cooperación entre cooperativas. En lugar de la disputa por los mercados, las confrontaciones bélicas para obtener territorios o recursos agotables como el petróleo, tendríamos una convivencia respetuosa de la vida en todas sus manifestaciones. Se podría respirar un aire más puro, evitar la contaminación del agua y el suelo. Todos los seres humanos disfrutarían de los avances de la ciencia y la tecnología. Habría comida para satisfacer el hambre de los que, a pesar de la abundancia de recursos, padecen este terrible flagelo por la persistencia de las injusticias sociales.
Y por último, el séptimo de los principios adoptados en el Congreso Centenario de la ACI, en Manchester, el 23 de septiembre de 1995: Compromiso con la comunidad: “La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios”. En este caso, sería suficiente con cambiar algunas palabras y mantener la esencia: “Las naciones se comprometen a garantizar el desarrollo sostenible de la comunidad internacional por medio de políticas aceptadas por los ciudadanos y sus respectivos gobiernos ”.
Estas ideas no son nuevas. Forman parte de las mejores tradiciones cooperativas, tal como lo relata Georges Jacob Holyoake en la Historia de los Pioneros de Rochdale: “Por más maravilloso que sea el éxito alcanzado en la actualidad, el ensueño de los fundadores al comienzo de la Sociedad era aún más extraordinario. En realidad, aspiraban a transformar el mundo”.
Es oportuno traer al presente ese anhelo transformador en los tiempos que vivimos, para darle al Documento de Cooperar por el Bicentenario el contenido y la trascendencia necesarios para este instante de la historia.
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ÍNDICE GENERAL
CRONOLOGÍA DEL COOPERATIVISMO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
2. POLÍTICA SOCIAL, ECONÓMICA y TERRITORIAL
LA SOCIEDAD
LA ECONOMÍA
FINANCIAMIENTO
POLÍTICA TRIBUTARIA
ECONOMÍAS REGIONALES y PROYECTOS DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS PÚBLICOS
EL ESTADO
CONSIDERACIONES y PROPUESTAS SECTORIALES
4.1. SECTOR AGROPECUARIO
4.2. SECTOR SERVICIOS PUBLICOS
4.3. SECTOR TRABAJO
4.4. SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS
4.5. SECTOR SALUD
CONSIDERACIONES y PROPUESTAS COOPERATIVAS
BASES COOPERATIVAS
OTRAS EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS
SENTIDO DE PERTENENCIA y CRISIS DE PARTICIPACIÓN
JUVENTUDES
EDUCACIÓN COOPERATIVA
INTEGRACIÓN
FONDO DE PROMOCIÓN y EDUCACIÓN COOPERATIVA
IMAGEN y DIFUSIÓN
LEGISLACIÓN COOPERATIVA
PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
PROPUESTAS y MEDIDAS DE EJECUCIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.
SÍNTESIS y CONCLUSIONES
A continuación transcribimos fragmentos del documento final aprobado en el Congreso Argentino de la Cooperación 2004, el cual resulta indispensable como punto de partida para el análisis de la situación actual del movimiento, para completarlo y perfeccionarlo con los nuevos objetivos estratégicos que se plantea el cooperativismo urbano de la Argentina hacia la próxima etapa histórica.
2. POLÍTICA SOCIAL, ECONÓMICA y TERRITORIAL
El mundo está bajo un proceso de cambio sin precedentes, un proceso complejo, de carácter multisectorial, que desarrolla en forma vertiginosa relaciones intersectoriales a escala global. Y que genera un nuevo escenario de alcance mundial, con procesos, actores, problemas, posibilidades y riesgos globales. Han cambiado la escala de los fenómenos a estudiar, el ritmo de los acontecimientos y el contenido de los conocimientos que se expresan en las más diversas actividades.
En este escenario de incertidumbre, la economía de mercado ha extendido dramáticamente su impacto en todo el mundo, las tradicionales barreras comerciales se transformaron significativamente y muchos de esos cambios como la creación de zonas de libre comercio, la reducción del apoyo de los gobiernos a la agricultura y la desregulación de las actividades financieras amenazaron el marco económico dentro del cual muchas cooperativas habían funcionado durante décadas. A fin de prosperar y en muchos casos simplemente para sobrevivir, las cooperativas han tenido que estudiar cómo reaccionar frente a las circunstancias modificadas.
Estos cambios también han significado que la mayoría de las cooperativas debe hacer frente a una competencia mucho más intensa. Utilizando las ventajas de las modernas formas de comunicación, el capital recorre el mundo sin la más mínima interferencia, en búsqueda de las más fructíferas inversiones. Económicamente, esto implica que muchas cooperativas se han visto directamente enfrentadas a grandes empresas transnacionales, muchas de ellas con ventajas de capital y legislativas que no habían disfrutado antes.
A nivel intelectual y de actitudes, las cooperativas también tuvieron que hacer frente a instituciones internacionales de comunicación y educación que han proclamado el predominio de los negocios controlados por los inversores. En este contexto, el valor de empresas democráticamente controladas en interés de la gente también resultó cuestionado. De hecho, la consolidación de la empresa capitalista afectó la confianza de muchos en las cooperativas, particularmente en los países del Atlántico Norte. Frente a este reto existe la necesidad de ofrecer una visión clara de lo que ha hecho que las cooperativas sean únicas y valiosas. Lo que justifica el permanente anhelo y reclamo de una mayor presencia cooperativa en la propiedad y conducción de los medios de comunicación.
A lo largo de su historia, el movimiento cooperativo se ha transformado constantemente; y lo seguirá haciendo sin interrupción en el futuro. Por debajo de los cambios, sin embargo, subyace un respeto fundamental por todos los seres humanos y una creencia en su capacidad para mejorar económica y socialmente mediante el mutuo ayudarse a sí mismos. Además, el movimiento cooperativo cree que los procedimientos democráticos, aplicados a las actividades económicas son factibles, deseables y eficaces. Cree que las organizaciones económicas elegidas democráticamente contribuyen al bien común. La declaración de principios de la ACI, en 1995 se fundamenta en esas perspectivas filosóficas esenciales.
Con esta concepción amplia, la experiencia de más de cien años de cooperativismo en el país y lo ocurrido recientemente en la pasada década, como se analizó precedentemente, más allá de las particularidades que posteriormente se señalan, el país debe avanzar sobre las siguientes bases:
Democracia. La democracia no es sólo un principio fundamental de la doctrina cooperativa, sino que es la forma de gobierno en la que aspiran a vivir todos los cooperativistas del mundo.
Participación. La crisis de participación de los asociados en sus cooperativas, como se señala en otra parte del documento, es sólo una expresión de la crisis de participación de la sociedad que se observa en la Argentina y en el mundo. Por ello es necesario que cada uno de los integrantes de la sociedad tenga mayores niveles de participación en todas las organizaciones sociales, como son los partidos políticos, las ONGs, cooperativas, asociaciones vecinales, cooperadoras escolares, etc. De lo contrario, el poder de decisión de las personas sería reemplazado por las grandes corporaciones en la conducción del gobierno nacional.
Crecimiento económico con equidad social. Es importante que toda política económica tenga incorporado, como objetivos necesarios, tanto el crecimiento económico como la equidad social. Lamentablemente, se ha podido observar en forma categórica, especialmente en la pasada década y sin perjuicio de algunas excepciones, cómo se puede crecer sin equidad social.
Federalismo. Aun cuando la Constitución Nacional dispone la forma de gobierno Federal, son muchos los hechos y circunstancias que históricamente muestran una conducción unitaria del país. Por ello el cooperativismo, que está presente en todo el territorio nacional, propicia que el país avance hacia mayores niveles de efectiva federalización.
Coparticipación. Esta es sin lugar a dudas una de las tareas pendientes de la etapa democrática que vive el país. Sin perjuicio de las consideraciones técnicas que merezca este importante tema, necesariamente debe contribuir a fortalecer el federalismo.
Ocupación territorial. El territorio nacional muestra grandes concentraciones urbanas e inmensos espacios vacíos, caracterizados históricamente y literalmente por un monstruo de cabeza gigante con pies de barro. El federalismo que se propicia es imprescindible para superar los riesgos geopolíticos que esta presenta situación.
Cumplimiento de la ley. Las prolongadas décadas vividas por el país al margen de la Constitución Nacional han esparcido el virus social del incumplimiento de las obligaciones legales e impositivas como una característica nefasta del ser nacional, que la sociedad parece no condenar sino justificar y de lo cual han dado ejemplo algunos de sus principales dirigentes. El cumplimiento del ordenamiento legal e impositivo, propio de un estado de derecho, es un ineludible “deber ser”.
Derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos y el repudio a toda forma de terrorismo, está en la doctrina y continua práctica cooperativa. Las acciones que realice el gobierno nacional y la sociedad internacional con este objetivo, serán siempre apoyadas, valoradas y respetadas por el cooperativismo argentino y mundial.
Integración regional y MERCOSUR. La globalización del mundo no deja espacio para que los países puedan actuar individualmente y por ello la integración regional es un imperativo. En este marco y momento histórico, la más absoluta prioridad del país es la consolidación del MERCOSUR y a través del mismo propiciar y promover acuerdos extra regionales, que preserven debidamente el interés nacional.
Política cambiaria y monetaria. Frecuentemente se ha distorsionado la realidad económica recurriendo a políticas cambiarias y monetarias de corto plazo, que resultaron nefastas para la economía del país. El objetivo debe ser que el valor de la moneda sea consistente con la realidad económica y que los niveles de inflación se mantengan en niveles razonables, como ocurre actualmente.
Medio ambiente y problemas ecológicos. El CONGRESO ARGENTINO DE LA COOPERACIÓN recomienda acentuar las acciones preventivas simultáneamente con las correctivas pertinentes que protejan y mejoren el medio ambiente, ante la creciente contaminación y nuevas amenazas al entorno vital de la Humanidad, así como estimular una política ecológica que contribuya a alcanzar un desarrollo humano sostenible.
LA SOCIEDAD
La continuidad democrática y el orden social en el marco de la Constitución Nacional constituyen bienes preciados que han sido defendidos en todas las épocas por el cooperativismo de nuestro país en tanto verdaderas escuelas de democracia y pilares de su cohesión social.
A veintiséis años del Congreso Argentino de la Cooperación 1983, puede reiterarse que nuestra sociedad está “dominada por la inseguridad y la falta de oportunidad de realización individual y social de sus integrantes”.
Se advertía entonces que “la falta de población, agravada por su anómala y deficiente distribución en todo el territorio nacional, constituye uno de los más graves problemas infraestructurales del país, capaz de poner en peligro la subsistencia misma de la Nación debido a sus implicancias internacionales y a que constituye una base insuficiente para el desarrollo de una sociedad moderna”.
En el Congreso de 1983 se advertía que “el éxodo rural argentino es casi una constante histórica” y éste continuó hasta la fecha, profundizando nuestro desequilibrio demográfico territorial.
Al igual que entonces, ratificamos “que la educación –función social que el Estado debe cumplir garantizando su gratuidad-, la ciencia y la tecnología, constituyen presupuestos indispensables para el establecimiento de una sociedad progresista, asentada sobre una economía consagrada al logro del bienestar general y de la justicia económica”.
La inequidad en el desarrollo humano constituye en los inicios del Siglo XXI, una de las asignaturas pendientes de la democracia.
La necesidad de asegurar los recursos necesarios para la salud pública y la seguridad social era subrayada en los anteriores Congresos Argentinos de la Cooperación y en ellos se ofrecía al cooperativismo y a las organizaciones del sector de la economía social como alternativas válidas para dar muestras de su capacidad creadora y cobertura solidaria de la población, lo que volvemos a reiterar en esta primera década del nuevo milenio.
La creciente importancia de los medios de comunicación social en materia educativa, cultural y recreativa, hacen imprescindible la presencia ética de la cooperación que aún ve cercenada su posibilidad de libre acceso a la radiodifusión. Por ello, el movimiento cooperativo saluda el proceso de debate democrático en torno de la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objeto de fijar un marco normativo que garantice la pluralidad de voces y el ejercicio del derecho a la información.
Como decíamos entonces “los grandes problemas antes señalados –demografía, educación, salud y seguridad social- están íntimamente ligados al de la vivienda urbana y rural, convertida en un bien inalcanzable para gran parte de la población”, pero que el cooperativismo está en condiciones de servir en todos estos temas así como en los de la vivienda, la comunicación social, de herramienta complementaria de los objetivos del Estado en miras al interés general y bien común cuya tutela le corresponde.
2.1.1. Política demográfica
La distribución irregular de la población del país, que abarca simultáneamente grandes aglomeraciones con espacios totalmente vacíos.
La densidad media de la población, que es de 12,3 hab/km2, con diferencias que pueden dimensionarse desde 2900 hab/km2 en la Región Metropolitana, 39 hab/km2 en la Región Pampeana y hasta 2 hab/km2 en la Región Patagónica.
No obstante el crecimiento económico iniciado a partir de 2003, un porcentaje importante de la población aún sufre el flagelo de la pobreza, lo que significa no tener cubiertas las necesidades básicas de alimentos, vestido y vivienda.
Ello impone la necesidad de establecer una política demográfica que promueva una distribución equilibrada de la población y un crecimiento de la misma en forma capaz de su asimilación en los términos propuestos por la Constitución Nacional con amplio abrigo a todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino.
En virtud de lo expuesto, la Confederación Cooperativa de la República Argentina – Cooperar – recomienda:
Promover la radicación de familias en el interior del país, organizada en forma cooperativa, aprovechando las tierras fiscales y los latifundios improductivos.
Retener a la población rural, evitando el éxodo constante de gente hacia los grandes centros urbanos, ofreciéndoles la incorporación de tierras desaprovechadas al proceso productivo.
Impulsar un plan de regularización dominial para atender situaciones de emergencia nacional.
2.1.2. Educación
En base a lo resuelto por el Congreso Argentino de la Cooperación 2004 y luego de las políticas públicas aplicadas desde entonces, Cooperar
Recomienda
Iniciar un proceso de debate participativo que logre, con la colaboración de docentes, padres, estudiantes, sindicatos y todo tipo de organizaciones sociales y políticas, perfeccionar el sistema educativo para una educación democratizadora, igualitaria y emancipatoria al servicio de las necesidades de la población.
Promover desde el Estado el logro de la democratización sustantiva de los conocimientos y acreditaciones sobre un programa que incluya: a) la universalización del acceso, la permanencia, la reinserción y el egreso de los sectores populares a la educación pública, b) el logro de la apropiación crítica del conocimiento por todas las personas, c) la formación para una ciudadanía plena y participativa, d) la contemplación de la diversidad cultural, y e) la idea de que la educación es una actividad para todos a lo largo de la vida.
Destacar el compromiso del movimiento cooperativo argentino para continuar haciendo su aporte al mejoramiento de una educación integral y la difusión de su sistema basado en la solidaridad.
Orientar el sistema educativo en sus distintos niveles sobre la base del expreso concepto sarmientino que dice:
“Educar al pueblo para la libertad, para que cada uno pueda abrirse honorablemente acceso a la participación de las ventajas sociales y tomar parte en el Gobierno de todos para todos. No hay República sino bajo esa condición, y la palabra ‘democracia’ es una burla donde el gobierno que en ella se funda, pospone o descuida formar al ciudadano moral e inteligente.
Garantizar a todos los niños su alimentación suficiente y su educación centrada en valores, evitando la deserción escolar.
Revalorizar la actividad y los logros de las instituciones educativas y de los alumnos e incentivar las vocaciones y las carreras docentes, como fórmula indispensable para el ingreso al nuevo mundo de la sociedad del conocimiento.
Recuperar la centralidad de la escuela en la reconstrucción de la cohesión de la sociedad argentina.
Priorizar la inversión educativa como afirmación de la voluntad de retornar al camino extraviado y superar los fracasos y deserciones en los distintos niveles de nuestra educación.
Educar en valores y en el estímulo del pensamiento crítico para que la educación a lo largo de la vida se base en los cuatro pilares enunciados por el informe de Jacques Delors (UNESCO): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
Estimular la lectura, la escritura y la expresión oral del idioma, exigiendo prácticas consideradas a tal fin, en los distintos niveles de la enseñanza y en todos los medios de comunicación social.
Intensificar la formación cívica del ciudadano sobre la base de la Constitución Nacional y estimular la observancia de las normas jurídicas, sociales, convencionales, técnicas, conceptuales y morales, que recupere las prácticas sociales de la anomia, que es esencialmente antidemocrática y fuente de corrupción.
Potenciar una política cultural abarcativa en extensión y profundidad, fortaleciendo sus instituciones (bibliotecas, museos, teatros, universidades, etc.) estimulando a las artes y a los artistas, y abriendo canales democráticos de amplia participación directa de la ciudadanía, que valorice su condición de persona, estimule la inclusión social, desaliente la violencia y el racismo, y promueva una mejor calidad de vida.
Promover una sociedad más solidaria, igualitaria y justa, mediante actividades educativas que moldeen las actitudes de las futuras generaciones.
Contribuir a formar ciudadanos responsables, que conozcan los valores y principios cooperativos y que puedan desempeñarse como dirigentes sociales y políticos, no sólo en las organizaciones cooperativas sino también en otras organizaciones sociales y en la función pública.
2.1.4. Salud pública
2.1.4.1. El Contexto Global
El fenómeno causado por la permanente incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas potenciadas por la informática aplicada ha venido provocando un monumental avance de la ciencia médica. Este espectacular proceso ha logrado extender significativamente la expectativa de vida de los seres humanos.
Todos estos incesantes progresos no se reflejan de idéntica forma en todos los continentes y naciones, en función de que los mismos están dramáticamente vinculados con sus cuantiosos costos.
La escalada exponencial que registran los costos médicos a nivel mundial, es motivo de preocupación, monitoreo y políticas activas de administración racional de los recursos, aún en los países más desarrollados del planeta.
2.1.4.2. La problemática Argentina
Este escenario que articula costos crecientes con aumento de la edad promedio de la población, encuentra los recursos disponibles en nuestra República severamente menguados, como consecuencia del abandono por el Estado de sus responsabilidades básicas en la materia. Las realidades precedentemente citadas que caracterizan el escenario mundial se fueron conjugando paulatinamente en Argentina con otros factores de índole vernácula que vienen atentando directa o indirectamente contra la posibilidad de optimizar políticas públicas y privadas de financiamiento; las tasas de desempleo persistentes, el crecimiento de la economía informal, y el trabajo en negro (no registrado) y la necesidad de importar la mayor parte de las tecnologías e insumos médicos, entre otras. Estas variables impactaron tremendamente sobre la capacidad de financiamiento de todos los actores de la Seguridad Social, públicos y privados, por lo que el Estado comenzó a evaluar que se hacía impostergable generar un marco de garantías para los beneficiarios de todo el sistema.
2.1.4.2. Rol del Cooperativismo en Salud
Los problemas señalados en los párrafos precedentes son comunes también a las cooperativas de salud, sin perjuicio de las diferencias esenciales existentes entre éstas y las sociedades lucrativas.
En este escenario nos preguntamos cuál debería ser el rol del cooperativismo en salud.
La salud es un derecho de raigambre constitucional, siendo el Estado quien en principio debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos en este sentido. Ahora bien, es sabido que el Estado no cumple con su rol protectivo en materia de salud, delegando de algún modo dicha obligación a los particulares.
En poblaciones pequeñas y ubicadas fundamentalmente en el interior del país, el rol del Estado es suplido básicamente por lo que denominamos ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD, quienes mediante la organización de servicios solidarios de salud (en algunos casos parciales o integrales) satisfacen las necesidades básicas de la población que de otro modo no tendría acceso a servicios mínimos.
Los organismos estatales administrativos –especialmente los de defensa del consumidor- e incluso la justicia desconocen la especial naturaleza jurídica de las cooperativas, lo cual lleva a decisiones absurdas. A modo de ejemplo, diremos que frente a un planteo sobre la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor a una Cooperativa de Salud, se ha resuelto que “... ese carácter de cooperativa no diluye la relación existente entre los consumidores y (la misma), en la cual los mismos reciben prestaciones médicas. Brindar asistencia médica es una función que está por encima de la modalidad que se utilice para relacionar a quien presta el servicio médico con el beneficiario”. Lo dicho revela un profundo desconocimiento por parte de algunos organismos del Estado, lo cual genera una injusta equiparación de las entidades no lucrativas con las que sí lo son. Esto demanda una fuerte actividad tendiente al reconocimiento de la identidad cooperativa
Lo expuesto debe alcanzar también un adecuado tratamiento legislativo, pues en momentos en que una vez más se intentará procurar un marco regulatorio para la actividad privada, lo que entendemos como la asimilación de las cooperativas a una imagen estereotipada de las Entidades con fines de lucro, hará cuando menos muy dificultosa la interpretación del legislador del rol que le corresponde asumir al cooperativismo dentro de las Entidades solidarias, como factor de promoción social y testigo en el mercado. En una cooperativa debería ser posible incluso dejar de lado la aplicación del Programa Médico Obligatorio de Emergencia por voluntad de los asociados manifestada a través de las asambleas, sin correr el riesgo de ser sancionados por un ente administrativo o condenado por la justicia por ejercer regularmente sus derechos. Por lo tanto, consideramos que tanto cooperativas de salud como mutuales deberían tener una legislación específica que atienda su especial naturaleza, para evitar confusiones con entidades lucrativas.
La aspiración del cooperativismo de salud es contar con los recursos suficientes para encarar acciones tendientes a la prevención de las patologías. Las políticas de prevención constituyen un excelente dinamizador de la economía de un país mediante un doble accionar: optimizando la salud y calidad de vida de la población (un pueblo sano es un pueblo que produce y acompaña al crecimiento) y en forma directa como proveedor de un caudal de fuentes laborales y de producción (mano de obra intensiva y especializada, utilización masiva de insumos).
En virtud de lo expuesto, Cooperar
RECOMIENDA:
Denominar ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD a las Cooperativas y Mutuales que presten Servicios de Atención a la Salud dentro del ámbito del INAES-
Impulsar el reconocimiento legislativo de la no aplicabilidad de las leyes 24.754 y 22.240 para las ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD.-
Promover el reconocimiento estatal y fortalecimiento del rol del INAES como única autoridad de aplicación para ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD.-
Propiciar la modificación de los artículos 16 y 17 de la ley 23.661, incorporando a las cooperativas como personas jurídicas que puedan adherirse al Sistema Nacional del Seguro de Salud, estableciendo un marco de requisitos formales acorde con la naturaleza jurídica de las entidades que deseen adherirse al Sistema.-
Desgravar impositivamente los bienes y servicios relacionados con la salud en todos aquellos tributos susceptibles de ser trasladados de manera directa o indirecta al asociado o usuario, eliminando el IVA y otros impuestos.
Excluir a las ENTIDADES SOLIDARIAS DE SALUD de los proyectos de regulación de la Medicina Prepaga.-
Propiciar que las acciones de salud sean gestionadas en conjunto por los usuarios, prestadores y trabajadores, en el convencimiento de que la participación plena de estos actores en la gestión de entidades solidarias y democráticas permitirá asegurar el acceso a una medicina racional, basada en la prevención y la atención primaria, y ser a la vez una clara demostración de que también en materia de salud la Cooperación puede ser el ejemplo a oponer al modelo de mercantilización y concentración actualmente vigentes.-
Aumentar y redistribuir el presupuesto de salud mientras dure la emergencia sanitaria.
2.1.5. Distribución de ingresos
Resulta indispensable implementar una política de redistribución de ingresos que asegure la inclusión plena de todos los hombres y las mujeres que habitan nuestro país.
En las sociedades modernas, aún en las de más alto grado de desarrollo, los problemas de salud-enfermedad, seguridad social, vivienda, trabajo, comunicaciones sociales y demográficos son de complejidad creciente, por lo que las soluciones válidas deberán estructurarse sobre la base de políticas intensas y efectivamente participativas y pluralistas.
Para que estos instrumentos sean eficientes y cumplan con su función de eliminar la pobreza, deben llegar a los hogares en dicha situación y estar despojados de todo clientelismo, para lo cual deben ser gestionados con la participación de los destinatarios (trabajadores en actividad, desocupados y jubilados) y las organizaciones sociales de cada región.
Una población bien remunerada, con capacidad de acceso al cuidado de la salud, a la educación de sus hijos y otros derechos esenciales es la mejor garantía para un desarrollo del mercado interno que constituye la principal fuente de demanda de las pequeñas y medianas empresas.
Los trabajadores actualmente inscriptos en la seguridad social y sus familias, deben poder imaginar un futuro personal sin pobreza, y sentirse protegidos ante cualquier contingencia que se presente durante su vida laboral y que les espera una vejez sin sobresaltos.
Debe tenerse en cuenta la importancia del aporte cooperativo para el desarrollo económico y social, para la mayor equidad en la distribución del ingreso y para la creación y sostenimiento de puestos de trabajo.
También deben realizarse las necesarias reformas impositivas para lograr una mejor distribución de ingresos.
2.1.6. Integración social en las zonas más recónditas del país
Es necesario que la integración social llegue a las zonas más recónditas del país, respetando sus pautas económicas, culturales e institucionales.
Implementar una política de población que permita su crecimiento y distribución en niveles compatibles con nuestra extensión territorial y con la dotación de recursos naturales, procediendo a una radicación armónica de aquella.
Reclamar que se reconozca y apoye el accionar de las cooperativas en su función de participar, potenciar e incorporar procesos de integración como garantía de que sean menores las asimetrías socio-económicas y quizás la única manera de dar un componente de desarrollo local y compromiso con la comunidad que las sustenta. El accionar de las cooperativas prestando servicios, incluido en los lugares más recónditos del país, representa un claro ejemplo de ello.
LA ECONOMÍA
FINANCIMIENTO
El sistema financiero vigente no ha sido capaz de generar créditos para la producción en la medida de las necesidades de la misma, y cuando los generó impuso tasas reales de interés incompatibles con la rentabilidad de las actividades productivas.
Es imperativo reestructurar el sistema financiero para ponerlo al servicio de la producción, y más allá de implementar medidas para enfrentar la coyuntura caracterizada por escasez de préstamos, se requieren medidas más profundas de cambio estructural para lo cual es indispensable una nueva ley de entidades financieras.
Revalorar a las estructuras de crédito cooperativas que en circunstancias difíciles acreditaron su viabilidad, sus posibilidades operacionales y su confiabilidad, en cuanto canalizan el ahorro hacia la actividad productiva, estimulan los emprendimientos medianos y pequeños que por lo común no tienen acceso fácil al crédito y prestan servicios a los sectores populares.
Favorecer la acción de la banca cooperativa, teniendo en cuenta su importante función social, la carencia de fines de lucro y la amplia distribución geográfica de sus casas, que complementa la acción de la banca oficial en el estímulo y apoyo a las pymes, a las cooperativas de otras ramas y a los proyectos y actividades del área de la economía no lucrativa.
Incorporar al directorio del BCRA y demás bancos públicos a miembros delegados de las asociaciones representativas de la producción agropecuaria, del empresariado, de los trabajadores, de los consumidores y de las ramas cooperativas vinculadas con el objeto de cada banco.
Fomentar la constitución de fondos de garantía que otorguen un eficiente respaldo para las cooperativas ante las entidades financieras y otros entes fiduciarios, en especial aquellas que por su actividad requieran de una financiación para la constitución de inversiones esenciales que le permitan cumplir su objeto. Dichos fondos deben analizar el proyecto presentado, y las potencialidades del mismo a la vez que ponderar adecuadamente las condiciones de empresa de economía social de las cooperativas y el impacto sobre las comunidades en las que actúan.
Respecto al financiamiento al sector agropecuario
Resulta indispensable pensar en formas de financiamiento complementarias al crédito bancario, como fondos fiduciarios, de garantías recíprocas, leasing y otras formas eficientes.
Profundizar el análisis de métodos que funcionan exitosamente en otros países y que en la Argentina pueden constituirse en innovadores, como lo puede ser, a modo de ejemplo, la adecuación del “Sistema de Crédito Agropecuario” implementada en los Estados Unidos. También resulta en una opción interesante la creación de títulos específicos, garantizados por el Estado y con cotización en bolsa, que permiten la captación de capital financiero que se aplica, a través de organizaciones bancarias propias y con estudios de factibilidad previos, a proyectos productivos. En Argentina, la utilización de la potencialidad de la banca pública, más específicamente de la Cartera Agropecuaria del Banco de la Nación Argentina, como entidad que instrumente los proyectos y sistematice los objetivos, con una participación cierta y concreta del cooperativismo agropecuario organizado, como una alternativa que asegure al hombre de campo y a sus empresas la financiación suficiente y adecuada de la producción.
Se considera de suma importancia apoyar a los bancos nacionales y provinciales, para fomentar el crecimiento agropecuario, para lo cual se insta a la creación de un fondo que atienda las necesidades del sector cooperativo de primero y segundo grado. Dicho fondo debería estar coordinado por el Banco de la Nación y los bancos provinciales, instrumentando la compensación de tasas con créditos a valor producto.
Resulta necesaria la participación del movimiento cooperativo en los directorios del Banco de la Nación y de los bancos provinciales y el mantenimiento de la banca nacional para el financiamiento al sector agropecuario.
2.2.2. POLÍTICA TRIBUTARIA
Antes de realizar las consideraciones sobre el tema en particular, es imprescindible enfatizar la necesidad de optimizar el gasto del Estado con eficiencia, coherencia y consistencia con los objetivos de la política económica y social del país, los que deben verse reflejados a su vez en la política tributaria.
Hecha esta observación de carácter general, debe señalarse que la falta de una conciencia tributaria en la sociedad argentina y los altos niveles de evasión fiscal, afectan a toda la economía en general y en especial a quienes por sus estructuras y responsabilidades, como las cooperativas, cumplen sus obligaciones legales, generando una competencia desleal entre quien no paga frente a quien cumple con el pago de todas las obligaciones fiscales.
Esta alta evasión fiscal perjudica fuertemente a aquellas empresas que por su estructura jurídica y por su conducta y principios cumplen con las obligaciones y pierden permanentemente operaciones que se deslizan por ese mercado marginal.
También debe señalarse que existen leyes con contenido tributario que gravan a las cooperativas desconociendo su esencia y particularidades que las hacen diferentes del resto de las personas de existencia ideal y, en especial, de las sociedades comerciales.
Por ello es necesario modificar dichas leyes en lo referente a los regímenes legales vigentes en materia de tributos que colisionan con la especial naturaleza jurídica de las cooperativas, buscando un régimen impositivo más justo y equitativo.
Las cooperativas son asociaciones de personas, fundadas en el propio esfuerzo de sus miembros, creadas con la finalidad principal de prestar servicios, con características propias que las muestran como verdaderas estructuras económicas-sociales y jurídicas sui generis, requieren un tratamiento fiscal acorde con su propia tipología.
Son creadas por los propios asociados-usuarios, con el objeto de satisfacer sus necesidades y las de los demás integrantes de la comunidad en la que están insertas, de total conformidad con normas propias de la economía social que integran.
El Estado debe establecer una política fiscal que promueva la constitución y desarrollo de este tipo de entidades nacionales, autogestionarias y participativas que, seguramente, colaborarán activamente en la consolidación de defensas que coadyuven a la recomposición del tejido socio-económico actualmente lesionado.
Dicha política fiscal debe sustentarse en sólidos principios tributarios, en especial: “legalidad”; “igualdad entre iguales”; “equidad”; “no confiscatoriedad”; “generalidad”; “capacidad contributiva”.
En las cooperativas el lucro está excluido como objeto propio y finalidad esencial.
El excedente que pudiera existir resultante de la diferencia entre el costo y el precio de los bienes y/o servicios no se lo apropia la cooperativa, por el contrario se distribuye entre sus asociados vía retorno o capitalización.
Así, teniendo en cuenta las particularidades propias de las cooperativas que las diferencian de los otros sujetos gravados por el impuesto a las ganancias, no puede darse igual tratamiento fiscal a quienes son diferentes (conforme surge del artículo 16 de la Constitución Nacional).
Por todo ello, es absolutamente necesario tomar medidas que tiendan a su total corrección en el tiempo y avanzar hacia un régimen impositivo más justo y equitativo. Pero la realidad indica que este problema sólo se soluciona con una actitud responsable por parte del Estado en la fijación de tributos y el control de su pago y un cambio en la actitud de todos los ciudadanos del país.
2.2.2.1. GASTO PÚBLICO
Es necesario optimizar el gasto público. Se deben implementar políticas de fomento e instrumentos de apoyo a las instituciones de la economía solidaria y a las Pymes del agro y la industria– privilegiando las formas asociativas- a través de la provisión de infraestructura adecuada, recursos financieros, subsidios, acceso a tecnología y capacitación.
Asegurar que el Estado tome a su cargo la construcción de la infraestructura material del país para el crecimiento económico y el desarrollo social, favoreciendo la inversión reproductiva e implementando planes sociales de vivienda, en atención a su fuerte efecto multiplicador. Promover y orientar la inversión pública y privada hacia proyectos productivos y de obras públicas, con un concepto federal que integre a las distintas regiones de nuestro país.
Se debe optimizar el presupuesto social, dando prioridad a la atención de las necesidades urgentes de grandes sectores de la población indigente y pobre, atendiendo las inversiones y gastos corrientes vinculados con la alimentación, la salud, la provisión de agua potable y cloacas, alfabetización y educación, cultura y vivienda.
Como colaboración con este objetivo se ofrece la experiencia del movimiento cooperativo como modelo de gestión en base a los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional.
2.2.2.2. RECURSOS TRIBUTARIOS
2.2.2.3. POLÍTICAS TRIBUTARIAS ESTRUCTURALES
Realizar una reforma tributaria basada en criterios de equidad y de eficacia fiscal que reviertan la extrema regresividad del actual régimen tributario, tendiendo hacia un régimen progresivo, personalizado y simple.
Reducir los impuestos indirectos regresivos que penalizan la actividad productiva y el consumo doméstico.
Combatir la evasión y elusión y los focos de corrupción tributaria que minan la capacidad recaudatoria del Estado y profundizan la inequidad del sistema.
Adecuar la normativa y el control aduanero, utilizando nomencladores comunes, para evitar las maniobras de elusión y evasión y como mecanismo de fomento de la producción nacional.
2.2.2.4. POLÍTICAS TRIBUTARIAS NACIONALES RESPECTO DE LAS COOPERATIVAS
Impuesto a las ganancias: Atento que las cooperativas no tienen como finalidad el lucro, renta o ganancia, y que las particulares características de la relación cooperativa-asociado hacen que la misma exceda el marco del derecho comercial y civil, dando lugar a una nueva figura jurídica denominada “acto cooperativo” estableciendo que la misma no implica una operación de mercado sino la realización de un servicio social, no deben estar gravadas por el impuesto a las ganancias, porque no existe materia imponible y no se constituye el hecho imponible, que debe ser la causa que legitima la obligación tributaria vinculada con este impuesto. Por lo expuesto, no es suficiente que la legislación vigente incluya a las cooperativas como sujetos exentos; es necesario insistir en que las cooperativas son sujetos “NO ALCANZADOS POR LA IMPOSICIÓN” porque al no tener ganancias el hecho imponible no las puede alcanzar. Además al no perseguir fin de lucro, definido como “ganancia o provecho que se obtiene de una cosa “ no deben considerarse los excedentes como una ganancia sino como un exceso de la estimación preventiva del costo de sus servicios realizada por la cooperativa al fijar el precio provisorio de los mismos. Por lo tanto los excedentes son restituidos a sus asociados en la justa proporción a la contribución realizada por cada uno de ellos en función a las operaciones realizadas. Esto significa que no corresponde retener impuesto a las ganancias sobre los retornos que distribuyen las cooperativas entre sus asociados.
Fondo de Educación y Promoción Cooperativa: Exigir que los recursos generados por la recaudación del FONDO DE EDUCACIÓN y PROMOCION COOPERATIVA sean orientados y administrados conforme se refiere en el punto 5.7. Se recomienda que el Estado Nacional inste a las provincias a utilizar los recursos que reciben por coparticipación de este fondo exclusivamente para los fines antes descriptos, debiendo preverse la interrupción de su envío en caso de incumplimiento. Resulta indispensable que la alícuota aplicada tenga en cuenta la capacidad contributiva de las cooperativas y que esta contribución especial no encuentra analogía con otros tributos que gravan al sector lucrativo. Ante la concreta pretensión estatal de gravar las participaciones y tenencias accionarias que muchas cooperativas legítimamente tienen en sociedades y/o fondos de inversión (en muchos casos producto de reglamentaciones que así lo obligaban), debe sostenerse su no gravabilidad, atento no integrar la base imponible sujeta a la tributación creada por la ley 23.427 y modificatoria, manteniendo la exención prevista en el artículo 9 de esa ley, ya que la misma mantiene plena vigencia.
Políticas tributarias provinciales respecto de las cooperativas: Respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, deberá tenderse a su progresiva eliminación; no obstante que, asimilando la argumentación realizada respecto al impuesto a las ganancias, las cooperativas deberían ser consideradas como sujetos no alcanzados por el impuesto. Hasta tanto ello ocurra, y teniendo en cuenta los regímenes de retención y percepción existentes, debe permitirse la utilización de los saldos a favor que se generen, para el pago de otros impuestos provinciales, utilizando mecanismos similares a los implementados en el ámbito nacional. Con respecto al impuesto de sellos, solicitar en las legislaturas provinciales, extender la exención existente para las cooperativas en el ámbito nacional.
Políticas tributarias municipales respecto de las cooperativas:
Tasa a la hectárea: hay una tendencia de los municipios a utilizar la tasa para gastos generales sin guardar relación con la contraprestación de servicios. Se nota un deterioro de los caminos rurales por falta de mantenimiento. Se debe fomentar la constitución de Cooperativas de Servicios Públicos Viales o comisiones viales con facultades de recaudación e inversión de los fondos.
Derecho de ocupación del dominio público municipal: Se declare que las cooperativas: a) no deberían estar gravadas y, de estarlo, la alícuota del tributo debería ser sensiblemente menor que la aplicable a las sociedades comerciales prestadoras de similares servicios públicos; b) no gravar a las nuevas cooperativas, consagrando una exención temporaria no menor a cinco años, con el objeto de facilitar su creación y consolidación; c) permitir se descuente lo erogado en concepto de ayudas económicas destinadas a entidades de bien público, en especial en las áreas de salud, educación y/o seguridad.
2.2.2.5. POLÍTICA TRIBUTARIA GENERAL
Impuesto al Valor Agregado: Reducir sustancialmente la tasa actual del 21% del IVA. Esta reducción lograría el efecto de elevar el consumo y disminuir la evasión, además de mejorar el equilibrio con lo que percibe el contribuyente. Solicitar que, mientras persista la actual estructura de regímenes de retención y percepción del IVA, se permita que los saldos de libre disponibilidad se utilicen no solamente para compensar impuestos, sino hacerlo extensivo también a las contribuciones patronales a la seguridad social. Incluir dentro de las exenciones en el Impuesto al Valor Agregado, a la distribución del agua ordinaria natural por redes a consumidores finales, atento a la naturaleza del servicio y el derecho al consumo de productos vitales.
Impuesto a las ganancias: Adecuar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a los cambios producidos a partir del año 2002, impulsando una escala de tributación más progresiva.
Débitos y créditos bancarios: eliminar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios o al menos que el mismo sea utilizado como pago a cuenta de otros débitos tributarios, evitando generar competencia desleal y economía en negro.
Fertilizantes: el paquete tecnológico incorpora en vastas zonas de la Argentina el uso de fertilizantes para cubrir carencias de determinados elementos del suelo y permitir de esa manera mejorar el rendimiento de los cultivos, ampliando el margen de competitividad de la producción agrícola argentina. No es razonable que la importación de fertilizantes que no se producen en el país sea gravada con un arancel de importación, cuando su uso está generando no sólo las divisas que cuesta su importación, sino un excedente a favor en la balanza comercial. Es necesario que el Estado tome la iniciativa eliminando dichos derechos de importación.
Inversiones: realizar desgravaciones por inversiones, como una manera de activar sectores que favorezcan el crecimiento de la economía.
Provincias: hay una superposición entre los Ingresos Brutos y el IVA. Tendría que existir un solo impuesto a las ventas. Impuesto inmobiliario: el coeficiente aplicado debe ser menor que para la industria, el comercio o los servicios, ya que la tasa de retorno sobre el capital es históricamente más baja.
Municipios: respecto de la tasa a la hectárea, hay una tendencia de los municipios a utilizar la tasa para gastos generales sin guardar relación con la contraprestación de servicios. Se nota un deterioro de los caminos rurales por falta de mantenimiento. Se debe fomentar la constitución de cooperativas y comisiones viales con facultad de manejar los fondos. De la misma manera, hay provincias con comités de cuencas que tienen cuantiosas recaudaciones que no se aplican para los fines previstos (canalización en el agro), sino con fines convenientes a las intendencias y municipalidades.
2.2.2.6. Aspectos laborales y previsionales:
Se debe definir en la legislación laboral el encuadramiento de las compensaciones y/o retribuciones que perciben los consejeros de las cooperativas teniendo en cuenta su naturaleza diferente con respecto a los honorarios de los directores de las sociedades comerciales.
Dichas compensaciones no deberían considerarse remuneración a los efectos del aporte al SIJP, teniendo en cuenta el carácter temporario de las mismas, ya que se encuentran limitadas en el tiempo por la duración del mandato, y configuran una actividad solidaria, puesto que además se realizan dentro del horario de sus tareas habituales,
EN SÍNTESIS
El cooperativismo aspira a una mayor optimización del gasto público, con eficiencia, coherencia y consistencia respecto a los objetivos de la política económica y social.
Pretende también avanzar en un ordenamiento impositivo justo y equitativo que revierta la extrema regresividad actual, estimule las inversiones productivas y desaliente la tenencia especulativa de la tierra.
Reclama para las cooperativas un trato fiscal acorde con su naturaleza de entidades sociales sin fines de lucro. Caso concreto es el reconocimiento definitivo que debe hacerse a las cooperativas como "sujetos no alcanzados” por el Impuesto a las Ganancias, por los fundamentos y razones ya expuestos.
2.2.4. ECONOMÍAS REGIONALES y PROYECTOS DE INVERSIÓN
En 1995, la ACI incorporó como nuevo principio cooperativo el de “Preocuparse por la comunidad”, con lo cual se dio un reconocimiento internacional a la labor de las cooperativas en el ámbito local y regional y una orientación para profundizar estas acciones.
Con este sentir y pensar el CONGRESO ARGENTINO DE LA COOPERACIÓN considera y propone lo siguiente:
El país ha vivido un proceso que día a día se profundiza; el mismo radica en el desplazamiento de productos agropecuarios que requieren mano de obra intensiva, y la falta de planificación productiva inmersa en un diseño de estrategia comercial de largo plazo para conservar y desarrollar mercados. Es por ello que el movimiento cooperativo considera de especial relevancia para el crecimiento sostenido del país y la generación de empleo políticas activas gubernamentales para desarrollar y fomentar un organigrama nacional de la producción, actuando desde el nivel de la economía local y regional.
Se propone dar preponderancia a la participación estratégica conjunta de: a) Universidades e Instituciones Académicas, b) Organismos Técnicos Especializados (INTA, INTI, CONICET, etc), c) Gobierno Municipal, Provincial y Nacional, d) Instituciones Intermedias y e) Cooperativas, siendo las mismas piezas que confluyen en el desarrollo de la economía regional. El trabajo articulado, mancomunado y organizado de estos actores y fuerzas vivas en cada ámbito geo-económico establecería sinergias para planificar, propiciar y potenciar el desarrollo local, coordinando eficientemente los instrumentos y recursos financieros pertinentes en el marco de una estructura productiva ordenada. En esta línea de pensamiento, se considera un componente vital la creación de un Centro de Estudios e Investigación en materia de Cooperativismo y Asociativismo, que actúe como fuente dinamizadora del sistema, fortaleciendo las dimensiones asociativas y la cooperación emprendedora y que tenga como objetivo la coordinación del relevamiento de datos y el análisis de la información tanto cuantitativa como cualitativa del sector, generando herramientas tan valiosas como necesarias para la toma de decisiones eficientes en los aspectos microanalíticos, territoriales e institucionales de la actividad productiva.
La economía mundial es dinámica y fija un proceso de especialización basado en las ventajas comparativas. Nuestro país se caracteriza por tener como eje fundamental de dichas ventajas a los recursos naturales. De allí se deduce que al no tener un potencial de acumulación y de inversión importante comparado con los países industrializados, es necesario aprovechar al máximo las ventajas naturales a fin de desarrollar ventajas competitivas. De esta idea se deriva la necesidad de una regulación apropiada en torno a: Primero) La extranjerización de campos, y Segundo) La disminución de componentes minerales de las tierras, en el marco de contratos de arrendamiento específicos. Haciendo referencia al primer punto, destacamos la creciente compra de vastas extensiones de tierras a lo largo y a lo ancho del país por parte de capitales extranjeros, con la consecuente desviación de ganancias en el mejor de los casos y la creación de latifundios improductivos en el peor. Con respecto al segundo punto, se alerta sobre la falta de conciencia y mecanismos de control entre las partes que intervienen en los contratos de arrendamiento, referido a la cantidad y calidad de componentes minerales que hacen al rinde de las tierras en cuestión. La gravedad de esta falencia se magnifica en las tierras en alquiler para la explotación de productos que hacen uso intensivo de dichos minerales, como ser a modo de ejemplo la producción de soja.
El éxodo de las familias rurales hacia la ciudad por falta de una contención en términos de infraestructura y servicios es una realidad tan triste como grave. La falta de viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias por falta de rentabilidad, tras décadas de políticas erradas para el campo, ha traído aparejada la pérdida del capital humano especializado en tareas agropecuarias, creadores de divisas genuinas, que emigraron de los centros de producción, trayendo consigo efectos socio-económicos nocivos para las regiones. Y si a la carencia de políticas de fomento para la diversificación productiva, los escasos servicios de salud, educación y vivienda se le agregan la inseguridad que hoy asola los campos del país, estamos frente a un panorama difícil de revertir. Sin embargo, aún se está a tiempo de conservar el tejido social agrario existente instrumentando políticas, que al menos detengan este éxodo. Entre ellas y tomando como referencia el Programa Federal de Emergencia Habitacional, es de suma importancia fomentar y direccionar esfuerzos en la creación de viviendas rurales, así como ampliar los sistemas de cobertura social para las familias rurales.
Es necesario incidir e impulsar un proyecto de desarrollo estratégico de la región en el cual las cooperativas estén insertas, a través de una activa participación en todas las instancias de decisión (políticas, económicas, sociales y culturales) en las que se resuelvan los proyectos a ejecutarse en la misma. En el marco de dicha participación, una herramienta puede ser un banco de datos e información de las potencialidades regionales y la capacitación de los recursos humanos que puedan ser protagonistas. En este sentido, habría que pensar proyectos en los que puedan participar cooperativas de distintos rubros (integración) y de la economía social (mutuales, etc). Además, habría que priorizar proyectos que tengan algún grado de desarrollo aunque sea incipiente y que se consideren viables. Por último, se debería conformar un “banco de proyectos productivos”.
A nivel local se debe promover todo tipo de asociación de productores que haga viable la empresa agropecuaria (compra de maquinaria, inversión asociativa en tierra, arrendamiento de extensiones que escapan a las posibilidades financieras del productor aislado, compra de espacio de almacenaje, corrales de engorde). La cooperativa debe estimular, asesorar, participar y ofrecer infraestructura para esos proyectos. Donde dos productores se unen para hacer algo juntos están trabajando para la idea de la cooperación. También habría que utilizar las estructuras de las cooperativas para analizar la viabilidad de proyectos regionales con la participación de los jóvenes en busca de fuentes de trabajo con el financiamiento de recursos provenientes del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.
2.2.5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
El 90% de las provincias pobres –generalmente con estructuras institucionales feudales- son fronterizas, y sus habitantes son continuamente expulsados hacia las zonas centrales más pobladas, que entre San Lorenzo (Santa Fe) a La Plata acumulan 22 millones de habitantes, donde se generan fenómenos de marginalidad e inseguridad.
Del mismo modo ocurre con “el interior del interior” respecto de las ciudades y poblaciones mayores, repitiendo los ámbitos provinciales, regionales y locales el esquema centro-periferia, donde los países poderosos imponen sus condiciones a los periféricos –como Argentina-, las grandes capitales – como Buenos Aires- lo hacen con las más pequeñas –como Córdoba-, éstas lo hacen con las pequeñas ciudades y poblaciones, e inclusive éstas con sus sectores periféricos y rurales, donde siempre las fronteras del país son las más abandonadas.
Las empresas cooperativas como consecuencia de políticas económicas que concentraron la riqueza en pocas manos -beneficiando al poder financiero en detrimento de los sectores productivos- han debido soportar impuestos exagerados –frente a competidores privados que evaden-, altas tasas de interés en el mercado interno, exclusión de mercados altamente rentables –por normas legales discriminatorias o monopolios no controlados- y sobre costos locales –convenios colectivos discriminatorios, dificultades para la importación o prácticas de dumping de terceros países-.
El país deberá reorientar sus esfuerzos a la exportación –fundamentalmente con trabajo agregado a los mercados con mayor perspectiva de crecimiento –MERCOSUR, países del Pacífico, etc.- sin concentrar todo en Buenos Aires y el Atlántico.
Por todo ello, se propone:
2.2.5.1. En el Corto Plazo –políticas sociales y sectoriales
Reforma del Artículo 33 de la ley 15.336 –Fondo Nacional de la Energía- de modo que los fondos de subsidio lleguen a todos los usuarios finales –de cooperativas, empresas públicas provinciales o privatizadas- y a las obras de fomento que se realizan en sus jurisdicciones.
Regular las actividades de provisión, fraccionamiento, distribución y comercialización del servicio de gas licuado de petróleo, donde las cooperativas son reiteradamente atacadas con prácticas desleales y monopólicas de las empresas dominantes.
2.2.5.2. En el Mediano Plazo –regulación de los mercados
Promover la participación de la sociedad en sus instituciones representativas.
Modificar los marcos regulatorios incorporando como actores principales a las Cooperativas de Usuarios de Servicios Múltiples, cuya omisión fue sistemática en muchos de los MR existentes, considerándolas con normas acordes con su tipo societario, donde la mayoría de sus usuarios son a su vez sus dueños.
Incluir la representación de los usuarios asociados en cooperativas en los entes reguladores de los servicios que prestan, tanto en los organismos nacionales como provinciales.
Permitir el ingreso efectivo y pleno de las Cooperativas a todos los mercados de servicios públicos o con interés social –MEM, telecomunicaciones, radiodifusión, salud, educación, mantenimiento vial- regulados por el Estado.
Proteger a las cooperativas de usuarios de servicios múltiples y PyMes de prácticas monopólicas de grandes empresas y/o monopolios naturales –legales o económicos-.
Restablecer el equilibrio obrero-patronal respecto del Convenio Colectivo 36/75 aplicable a trabajadores eléctricos de cooperativas procurando mejorar la eficiencia, porque implica una discriminación con las demás prestadoras privadas y estatales.
Recalcular los Valores Agregados de Distribución en la “última milla” de los servicios de electricidad, gas natural, etc. sobre la base de criterios de eficiencia que consideren el distinto nivel de consumo y dispersión de los usuarios.
Regular el mercado de telecomunicaciones de modo de permitir el acceso de toda la población del país a tarifas competitivas, garantizando el servicio universal, el uso irrestricto y regulado de la red pública y el equilibrio entre las prestadoras del servicio básico y las del servicio celular.
Promover la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil –incluidas cooperativas y mutuales- en los planes nacionales y provinciales de salud, además de las entidades públicas y privadas, de manera de incluir en el sistema al 71,85% de personas no cubiertas por obras sociales, en condiciones de igualdad de acceso a las prestaciones mínimas y la prevención de la enfermedad.
2.2.5.3. En el Largo Plazo – Desarrollo de Infraestructura e Instituciones
Avanzar en el desarrollo de un Plan Federal de Infraestructura –pasos cordilleranos, rutas tributarias, comunicaciones, servicios públicos, puertos, vías navegables, etc.- que diversifiquen la actual concentración geográfica de nuestro comercio exterior en Buenos Aires y el Atlántico.
Fortalecer el Mercosur –de una unión aduanera imperfecta a una verdadera integración económica- a partir de obras de integración física a partir de las cuales se negocien otros acuerdos extra regionales y se promocione el intercambio comercial con países del Pacífico.
Promover la prestación de servicios esenciales por parte de cooperativas de usuarios de servicios múltiples –especialmente en pequeñas poblaciones- y su integración operativa en planes estratégicos locales, regionales y nacionales, con mínima interferencia política –de provincias y municipios-, quienes pueden encontrar en las cooperativas el complemento ideal para la capitalización de la población y apoyo de su rol político de coordinación interinstitucional.
Promover el establecimiento de áreas locales en zonas de frontera que permitan una intercomunicación fluida y eficiente entre ambos lados de la frontera, promoviendo la participación de las cooperativas en el proceso de integración regional y el Mercosur.
3. EL ESTADO
El Estado –como organización jurídica y política- está llamado a cumplir trascendentes funciones en el marco de una sociedad libre y democrática;
Tales funciones deben encuadrarse dentro del marco de las disposiciones de la Constitución Nacional, como prenda de unión de todos los argentinos;
El movimiento cooperativo se inspira en principios fundamentales de respeto a la persona, plena vigencia de las libertades individuales y los derechos humanos dentro de una organización democrática que promueva la más amplia participación social;
Los postulados de igualdad de derechos y equidad económica son pilares básicos que sustentan la organización y funcionamiento de las cooperativas;
La búsqueda del bien común mediante la promoción de todos los sectores de la sociedad a través de la acción solidaria constituye el norte que orienta la acción de las cooperativas;
El Estado debe ser el árbitro de los intereses sectoriales a fin de asegurar que no prevalezcan los más fuertes y sean marginados y excluidos los sectores más débiles de la sociedad;
Un sano pluralismo ideológico y político debe constituir el ambiente natural para el desarrollo de una auténtica democracia donde la mayoría gobierne con total respeto de los derechos de las minorías;
Con lamentable frecuencia se advierte -tanto en la legislación como, especialmente, en las medidas administrativas- que no se toman en cuenta las características que singularizan a las cooperativas y las diferencian de las organizaciones comerciales lucrativas y se les otorga un tratamiento que implica una discriminación que frustra el desarrollo de sus potencialidades al servicio de sus asociados y del país;
Rol y funciones del Estado
Asegurar el cumplimiento de las funciones básicas del Estado relacionadas con la seguridad, la defensa nacional, la educación, la administración de justicia y la salud en el marco de los preceptos constitucionales y de acuerdo con un proyecto nacional que concite la participación y el apoyo de todos los sectores con respeto de los derechos humanos y la plena vigencia de las instituciones democráticas.
Orientar la acción del Estado hacia la integración del territorio nacional consolidando su unidad y desarrollo equilibrado mediante una adecuada planificación y realización de las obras de infraestructura conducentes a esos objetivos y asegurando la preservación del ambiente.
Relaciones entre el Estado y el movimiento cooperativo
Insistir en el reclamo de que la legislación contemple la realización de cualquier actividad lícita por parte de las cooperativas en pie de igualdad con otras formas de organización económica y jurídica, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, conforme con las garantías de libertad e igualdad consagradas por la Constitución Nacional.
Procurar la participación del movimiento cooperativo en todos aquellos organismos del Estado, tanto en el nivel nacional como provincial y municipal, que tengan relación con las actividades que las cooperativas realizan y comprometer la decidida y activa asunción del compromiso por parte de ellas.
Propiciar que se reconozca la peculiar situación jurídica, económica y social de las cooperativas de servicios públicos, diferenciándolas claramente de las empresas comerciales concesionarias de servicios públicos a fin de que el tratamiento que se brinda a unas y otras tome debidamente en cuenta que en un caso se trata de los usuarios asociados solidariamente para resolver sus necesidades mediante la autogestión y en el otro son empresas que encuentran en la prestación del servicio una oportunidad de lucro.
Promover la más amplia consideración de las cooperativas como empresas testigo en los distintos mercados en que desarrollan sus actividades, contribuyendo a mejorar eficazmente las condiciones de su funcionamiento y coadyuvando a la acción del Estado.
Propiciar que, en las provincias donde no existieran, se creen órganos locales competentes jerarquizados en materia de cooperativas con la participación de representantes del movimiento cooperativo en sus respectivos órganos de conducción y que desarrollen su actividad en coordinación con la autoridad nacional.
Incorporar en una futura reforma constitucional de la Nación el expreso reconocimiento de la función económica y social que cumplen las cooperativas y el consiguiente apoyo por parte del Estado sin que este apoyo comprometa su independencia.
Contribuir con propuestas concretas a los planes estratégicos y al diseño de políticas macroeconómicas que coadyuven a lograr el desarrollo de los distintos sectores y regiones y al crecimiento económico y social del país en su conjunto.
Políticas sectoriales y programación del desarrollo
Propender a que las cooperativas sean reconocidas como genuinos agentes de desarrollo económico y social que actúan con la participación de sus propias comunidades, promoviendo el desarrollo local y el crecimiento armónico de todos sus integrantes, particularmente en las regiones y sectores menos favorecidos donde muchas veces no llega la acción del Estado.
Promover la complementación entre el Estado y las cooperativas con miras a que las funciones de interés público sean cumplidas con la participación de estas organizaciones, sobre la base de una gestión eficiente y de la comunidad de objetivos que comparten el Estado y las cooperativas.
Reiterar la necesidad de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social coordine efectivamente sus funciones con los diferentes ministerios y organismos nacionales con competencia en las actividades que desarrollan las cooperativas (Ministerios de Economía, de Trabajo, de Planificación Federal, de Educación, Banco Central, Superintendencia de Seguros, etc.) a fin de que la acción de fomento que le encomienda la Ley 20.337 sea eficazmente cumplida.
Exigir que todas las jurisdicciones procedan a la ejecución de los recursos provenientes del Fondo de Promoción y Educación Cooperativa creado por la Ley 23.427 afectándolos al cumplimiento de sus finalidades específicas mediante su inversión y control con participación de las organizaciones representativas del movimiento cooperativo.
Relaciones internacionales
Consolidar el MERCOSUR, apuntando a lograr un bloque de integración económica regional fuerte y unido, capaz de brindar a los países que lo integran un espacio económico que contribuya eficazmente a su desarrollo y que a la vez les permita alcanzar presencia y gravitación significativa en el contexto internacional.
Apoyar la labor que desde su creación viene realizando la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (RECM), integrada por los organismos nacionales de cooperativas y por las organizaciones de cúpula de los movimientos cooperativos de cada uno de ellos.
Formular y mantener coherentemente una política internacional que respete los principios de autodeterminación de los pueblos y asegure la vigencia de los derechos humanos promoviendo la solución pacífica de los conflictos.
Asegurar una presencia permanente en los foros internacionales en defensa de la Organización de las Naciones Unidas como instrumento de promoción de la paz y la vigencia del Derecho Internacional y participar activamente en los organismos internacionales que integra la Nación.
Apoyar la iniciativa expresada en la última asamblea general de la Alianza Cooperativa Internacional encaminada hacia una alianza global contra la pobreza que concite el esfuerzo mancomunado de las organizaciones cooperativas de los países del Norte y del Sur desarrollando relaciones bilaterales bajo este objetivo común, y a la cual la ACI instará a los gobiernos de todos los países del mundo que se sumen mediante el diseño de políticas activas de reducción de la pobreza con la participación de los movimientos cooperativos.
Recomendación Nº 193 de la OIT y otros documentos internacionales
Propiciar la efectiva adopción de las medidas que contiene la Recomendación Nº 193 de la OIT sobre la promoción de las cooperativas que fuera aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en 2002 con el voto prácticamente unánime de los tres estamentos que la componen (gobiernos, trabajadores y empleadores), incluida la delegación argentina integrada con representantes del gobierno nacional.
Propender al efectivo reconocimiento de que “los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, e inspirados en los valores y principios cooperativos”, tal como expresamente establece la Recomendación Nº 193 de la OIT.
Internalizar en el Derecho argentino las directrices encaminadas a crear un entorno propicio para el desarrollo de las cooperativas, contenidas como anexo de la resolución 56/114 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero de 2002.
Expresar beneplácito y hacer realidad el contenido del comunicado conjunto emitido por la Cumbre de Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 16 de junio de 2003, en el que manifestaron coincidencia en “la necesidad de dar impulso al movimiento cooperativo en el MERCOSUR, reconociendo en dicha actividad una importante herramienta para el desarrollo”, entendiendo que “el cooperativismo es un importante agente de desarrollo regional, integración económica, inclusión y cohesión social.”
Problemas específicos del movimiento cooperativo en su relación con el Estado
Demandar que se legisle en materia de cooperativas de trabajo con respeto de su particular naturaleza y que cese el prejuicio legislativo y de las autoridades laborales en relación con ellas.
Tomar en consideración la situación de las cooperativas de servicios públicos cuando se dicten normas de carácter general relativas a las remuneraciones de los trabajadores evitando crearles condiciones que amenazan la continuidad de su existencia.
Reivindicar el derecho de las cooperativas para actuar sin discriminación de ninguna clase en el campo de la radiodifusión eliminando las restricciones de todo tipo existentes al respecto.
Participar en el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos y fijación de tarifas.
Reclamar que en materia tributaria se legisle tomando en consideración las características jurídicas y económicas de las cooperativas.
PROPUESTAS y MEDIDAS DE EJECUCIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
El contenido de este último punto será el fruto del debate al interior de las federaciones asociadas a Cooperar y de sus entidades de base, cuyos aportes serán consolidados en el documento que finalmente se apruebe como Declaración de la Confederación Cooperativa de la República Argentina para el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Resolución en expte. Nº 7218/2004 del 17/2/2004, Defensa y Protección del Consumidor del GCBA.
ídem nota Nº 1.
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